Se inicia el 2º Congreso de Socialistas por Tenerife

Iniciamos nuestro segundo congreso poniendo a disposición de todos los ciudadanos su documento de debate. Este documento puede ser enmendado o ampliado con nuevas propuestas de resolución por quien desee hacerlo.

En el marco del Congreso, los militantes de SxTF realizaremos una Asamblea en la que se votará, punto por punto, cada una de las aportaciones, para asumirlos como resoluciones de nuestro 2º Congreso.

Las enmiendas y aportaciones se pueden realizar añadiendo comentarios a este blog. Si incluyen los números de párrafo a los que se refiere el texto, facilitarán nuestro trabajo.

Gracias ¡Buen Congreso!

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1 – Un sistema ilegítimo que debemos combatir

1.1 – La reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978 que se aprobó el 27 de septiembre de 2011 con los votos parlamentarios del PSOE y el PP, sin debate y en 48 horas, para proporcionar prioridad absoluta al pago de la deuda en los Presupuestos Generales del Estado, constituyó una gravísima transgresión democrática que establece un antes y un después en la política y la democracia española, ya que la Constitución contempla que cualquier modificación a su texto se realice por referéndum cuando afecte a decisiones políticas de especial trascendencia o a derechos fundamentales.

1.2 – Esta reforma prevaricadora, realizada aprisa y corriendo para eludir la Ley de Quiebras, también fue el preludio de los recortes, el endeudamiento público y el paro. Y sucedió porque la Troika había decidido trasladar a los españoles de a pie la quiebra de cajas y bancos ocasionada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Aun cuando nuestra legislación dejaba sin cobrar a los acreedores que principalmente eran bancos europeos.

1.3 – Nadie pensó entonces que la reforma y las prisas evidenciaban una enorme pérdida de soberanía, además de la degeneración de un “sistema” que negaba los propios valores democráticos pervirtiendo sus objetivos. Fragilizaron la Constitución y la democracia irresponsablemente y en un inadmisible alarde de paternalismo: decidieron por nosotros, ilegítimamente, sacrificar las necesidades reales de la ciudadanía (el empleo y el Estado de Bienestar), para atender los intereses de los poderes económicos y financieros, los mismos que tras enormes beneficios especulativos habían originado la crisis.

1.4 – Pero no fueron PP y PSOE solos porque resulta evidente que hay partidos que no votaron esta reforma y participan plenamente del modelo, como CC, NC, CCN, PIL o CiU,… con los mismos vicios democráticos, la misma mezcla de intereses económicos y políticos y la misma doble moral. No pretenden cambiar nada, sólo intercambiar las sillas de un sistema que convierte a los candidatos, desde el momento de su elección, en una especie de intermediarios con el poder de verdad, con derecho a enriquecerse, a ignorar informes, levantar reparos y cambiar constituciones: Nuevos virreyes en el lugar de representantes ciudadanos.

1.5 – Un sistema tan ineficiente, con una legislación tan compleja, contradictoria y llena de excepciones, con una administración tan opaca y desprovista de controles, tan distante y anticuada, que se podría llegar a pensar que es un compendio de incompetencias, pero no es así: es tan sólo resultado de un largo proceso de expolio, burocratización y degradación de lo público, de la continuada hegemonía de las ideas neoliberales y del dogmatismo de quienes piensan que todo debe estar sometido a la “iniciativa privada”, al enriquecimiento de unos pocos y a la ley del más fuerte.

1.6 – Además, ya no se puede ignorar que la pata oculta del sistema ha sido la corrupción generalizada. Y han tenido que ser la justicia y el amarillismo de los telediarios los encargados de demostrar que el modelo constitucional del 78 y nuestra modélica transición, ocultaban un alto grado de corrupción institucional, necesaria para que los “partidos de gobierno” se pudieran mantener en el poder, legislatura tras legislatura, inmersos en las más vergonzantes ilegalidades.

1.7 – Las leyes electorales injustas, la compraventa de voluntades políticas, el transfuguismo y la financiación ilegal de los partidos han sido las constantes del modelo político de la Transición. Un modelo agotado e inservible que necesita ser sustituido por otro más participativo y democrático, en el que los intereses de la gente y la transparencia ocupen un lugar central, donde los impuestos nunca puedan ser destinados a financiar a los bancos, ni las necesidades vitales de los más débiles puedan ser objeto de beneficios especulativos.

1.8 – Y es por eso que somos socialistas -la antítesis de lo neoliberal- porque estamos convencidos de que la justicia social es una fuente de riqueza colectiva y de que una sociedad donde la sanidad funciona, con una ciudadanía formada, que ve resueltos sus problemas vitales por una administración eficaz, es una sociedad más útil para el desarrollo individual de cada ciudadano.

1.9 – Pero el prestigio de la política y quienes la ejercemos ha quedado seriamente dañado. Se ha producido una lógica desmoralización en los demócratas y una tal desafección y desconfianza de los ciudadanos hacia la política que en las próximas elecciones pueden producirse récords de abstención en aquellos lugares donde no exista una alternativa real a los partidos del sistema. Y este es un escenario que teóricamente debería favorecernos, porque llevamos años denunciando tanto la corrupción como el inviable modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí.

1.10 – Hoy no es suficiente con enunciar un programa abiertamente socialista y democrático para convencer a la gente, porque convirtiendo todo en engaño, han conseguido hacer olvidar que el conflicto es el reparto de la tarta social. Y por eso debemos seguir impulsando las políticas de regeneración democrática que siempre hemos defendido:

  • 1.10.a – Necesitamos recomponer el contrato social, en un nuevo pacto constitucional que a ser posible, tras un amplio debate ciudadano para ponernos de acuerdo, abra el proceso constituyente de una República Federal. Sin prisas, pausas, ni radicalismos, hay que repensar el marco legal de nuestra convivencia porque el deterioro democrático que sufrimos es intolerable.
  • 1.10.b – Revisión completa de todo nuestro ordenamiento jurídico, por los mismos motivos y para simplificarlo todo y acercarlo a los métodos administrativos del Siglo XXI. La justicia debe abordar una profunda reforma que la modernice porque resulta desmoralizador, acudir a un juzgado y tener que ver las mesas de trabajo sumergidas bajo tongas de expedientes, ordenados con lacitos rojos y azules, todo inspirado en el Siglo XIX.
  • 1.10.c – Alcanzar el máximo grado de transparencia en las administraciones que permitan las tecnologías, entendiendo que es un derecho pagado con los impuestos. Llevar a Internet todo lo susceptible de albergar espacios de corrupción o información privilegiada: subvenciones, contratos, concursos, ofertas, plazas, subastas, becas, premios, concesiones,…. Es información pública que debe ser accesible a todos, para garantizar que los corruptos nunca más vuelvan a sentirse impunes.
  • 1.10.d – Posibilidad de revocar cargos electos, limitación de mandatos y sueldos, eliminar cualquier tipo de aforamiento, inhabilitación de imputados y condenados por corrupción. Todo lo posible para que quienes nos representen sea gente normal, con los mismos derechos y obligaciones que los demás. Sólo, que les pagamos para que nos representen y podemos mandarlos al paro cuando lo hagan mal.
  • 1.10.e – Limitación de los gastos de campaña, controles exhaustivos en la contabilidad y tutela judicial de la democracia interna de los partidos, porque la Constitución asigna a los partidos la tarea de ser instrumento fundamental para la participación política,…, siendo libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley,… y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Y nada de esto ha sido así bajo el régimen del 78.
  • 1.10.f – Obligatoriedad de debatir las ILP en los distintos Parlamentos, porque resulta indecente que tras la enorme recogida de firmas requerida para poder ejercer la participación ciudadana, los partidos del sistema puedan abortar esos debates en un evidente fraude de ley.
  • 1.10.g – Los presupuestos participativos constituyen una necesidad económica. Hay un sinfín de necesidades reales de los ciudadanos que no necesitan ser interpretadas por los políticos y no se abordan, mientras podemos observar una geografía plagada de grandes inversiones que sólo sirven para engordar la corrupción.
  • 1.10.h – El laicismo, es una tarea pendiente de nuestra democracia y la memoria histórica debe ser llevada a la Constitución.
  • 1.10.i – Eliminar todo tipo de barreras electorales y la ley d’Hont.

1.11 – Estos son algunos de los aspectos a legislar con urgencia si queremos producir un cambio en el sistema; aunque debemos ser conscientes de nuestra propia dimensión y de que estas políticas quedan fuera de nuestro ámbito local y autonómico; aunque son temas en los que no podemos callar, porque constituyen el espacio político que siempre hemos transitado y no debemos abandonarlo ahora que se ha iniciado el debate en la sociedad; al contrario, sólo podemos marcarnos como objetivo ocupar, agrandar y hegemonizar en lo local, esos espacios políticos de la regeneración democrática.

1.12 – Por eso necesitamos construir una política de alianzas amplia, estable y duradera, porque tenemos la obligación de aportar a la construcción de mayorías sociales capaces de abordar con éxito el cambio del sistema, para no perder ni un ápice del impulso político que localmente podamos recoger. Y porque será en 2015 cuando nos juguemos la posibilidad de abordar estas políticas de regeneración democrática, con una nueva representación parlamentaria apoyada en una nueva mayoría de cambio que no tenga miedos a la democracia.

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2 – La crisis del empleo

2.1 – La obstinación de los neoliberales en las denominadas políticas de austeridad ha conseguido empeorar todos los indicadores económicos sin haber corregido ninguno de nuestros problemas. Y es que la austeridad puede ser buen consejo, una virtud, quizás; pero no puede ser una política económica: no indica si vamos a intentar mejorar el tejido industrial, la formación, o nuestra producción agrícola. No proporciona recursos económicos, tecnológicos o vías para actuar sobre la producción, las comunicaciones, o el balance de las empresas.

2.2 – La cuestión es que no hay ningún plan para sacarnos de la crisis sino seguir recortando solidaridad y salarios, pero el cumplimiento del déficit que se utiliza como disculpa, no tiene nada que ver porque los recortes acaban, una y otra vez, en “lo comido por lo servido”. Y la demostración es la rotunda realidad de evolución de las cifras del déficit en las que año tras año no hay ninguna mejoría.

2.3 – El segundo argumento de las políticas de austeridad es la mejora de la competitividad. Parece ser que la bajada de salarios y el abaratamiento del despido deberían haber ocasionado una avalancha de nuevos puestos de trabajo, porque los bajos precios de la mano de obra nos harían más competitivos en la exportación y el mercado interno. No hay que decir que quitando la estacionalidad del turismo, estamos en cifras récords de paro aunque la población laboral siga disminuyendo.

2.4 – Tras cuatro años de austeridad, de fracasadas políticas neoliberales en la UE y en España, no se ha conseguido nada de nada en términos económicos ¡Una legislatura fallida! Las políticas de recortes han servido para alcanzar unas cifras de paro escandalosas, duplicar la deuda y un crecimiento plano con amenazas de deflación. Las fantasías económicas y los prejuicios neoliberales hacia los ciudadanos del sur de la UE sólo han servido para la destrucción de un tejido económico de pymes y autónomos que era la joya de nuestra economía. Volviendo a demostrarse que los dogmatismos son capaces de arrasar todo lo que se les ponga por delante.

2.5 – Y mientras la deuda y el paro crecen con cada actuación de la Troika, el sufrimiento de las personas y las familias, sus secuelas, son acumulativas. A pesar de lo manifiestamente erróneo y antidemocrático de sus políticas, la actitud de los dirigentes europeos, que emprendieron esta loca carrera hacia la destrucción de la UE, sólo puede calificarse de sicopática, por la falta de empatía que muestran. Sin que nadie parezca darse cuenta de que no hay, ni ha habido en la historia, ningún tipo de economía, ni sociedad, que pueda mantener ociosa a una tercera parte de su población laboral.

2.6 – Hace falta más trabajo, más ahorro, más consumo y menos prejuicios sobre la austeridad del sur ¡Qué falacia en boca de esos personajes con sueldos de burócratas de la UE que impulsaron la burbuja! ¡Que se la apliquen ellos! Recortar servicios sólo constituye una declaración de incompetencia y un fracaso por parte de quien ha sido incapaz de mantener el rigor presupuestario, la actividad productiva y el Estado del Bienestar; recortar durante cuatro años y hacerlo con la dureza con la que se ha hecho aquí, constituye una locura impropia de un país democrático y un radicalismo sin sentido con penosas consecuencias de futuro.

2.7 – Esta crisis es tan duradera que ya se han utilizado muy distintas denominaciones para nombrarla: primero fue la crisis de las subprime (2006), luego fue crisis bursátil, financiera, de la burbuja inmobiliaria y ahora la llaman crisis de la deuda soberana y crisis de expectativas. Sin embargo, si buscamos una denominación que se acerque a lo que sucede, deberíamos llamarla la crisis del empleo.

2.8 – En unos tiempos -tras la desaparición del patrón oro- en que la automatización, la robótica, la deslocalización y el dumping social de economías emergentes, hacen vislumbrar malos tiempos para el trabajo como factor de reparto y estabilidad social en Europa.

  • 2.8.a – Hay que incrementar los ingresos del estado poniendo a trabajar a toda la gente que se pueda y esa debería ser hoy la única misión de la política económica; desde los Ayuntamientos hasta las más altas instancias de la UE. No hacerlo sólo puede ser considerado como una traición a los más desfavorecidos, perpetrada por nuestra democracia, empresarios y dirigentes.
  • 2.8.b – Al menos mientras mantengamos estas cifras de paro nuestros dirigentes deben ponerse a la tarea de remover todos los obstáculos y ayudar para conseguir que cualquier persona que quiera pueda trabajar sin incurrir en ilegalidad y sin costes fijos desproporcionados, con sólo comunicarlo a la Administración.
  • 2.8.c – En Tenerife y en Canarias el desempleo se está cebando en el desastre empresarial que ha sufrido la construcción. Este sector atrajo durante los años de la burbuja a innumerables jóvenes que abandonaron su formación para acudir al reclamo de los buenos sueldos y la apariencia de estabilidad que proporcionaba la construcción. El pinchazo los ha dejado igual que el día que abandonaron la escuela, porque ahora poseen una formación que no pueden aplicar, aunque no es un problema sólo de jóvenes ya que afecta a todo el sector. Además, los largos años de crecimiento en el sector turístico han ocasionado que vayan apareciendo espacios degradados poco atractivos a nuestra industria. Desde criterios económicos, parece más que conveniente dirigir fondos del REF, aunque sea sólo temporalmente, bajo los auspicios del Estado, de la UE, o de quien sea para poner a trabajar a una parte de esos parados de la construcción en un plan autonómico de rehabilitación urbanística y del turismo y otro de rehabilitación de viviendas, capaz de producir rentabilidades y sinergias en distintas aéreas de la actividad económica y el territorio de nuestra Isla.
  • 2.8.d – Hay que detener la sangría de la sanidad pública que está produciendo una política de privatizaciones que precariza el trabajo, reduce los salarios y produce desempleo. No es verdad que la empresa privada sea más eficiente que la pública. Esa mentira repetida millones de veces no puede convertirse en verdad, porque sólo esconde el interés de unos pocos por llevarse un nuevo pellizco del gasto público. Sólo hay “empresas”, públicas o privadas, que están bien o mal gestionadas, que rentan más a sus propietarios o que pagan mejor a sus trabajadores. Y lo público que no funcione hay que hacerlo funcionar, o si no, cerrarlo. Esa es, simplemente, la obligación de los políticos, no venderlo a los amigos aunque sea toda una tradición del régimen del 78.
  • 2.8.e – ¡Por una formación permanente asequible a todos los ciudadanos! La formación es una inversión estratégica que no se debe abandonar al destino de los mercados. La educación, la formación en el trabajo, la investigación y el desarrollo son la única posibilidad que tiene nuestra economía para afrontar el futuro de las pensiones. Tenemos una pirámide de población invertida, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está invertido en deuda pública y tenemos la evidencia de que los empleos presentes y los previstos en el futuro, mayoritariamente no alcanzarán para salir de la pobreza. Difícilmente podrá volver a llenarse la hucha de las pensiones, si no se abordan urgentemente las estrategias necesarias para relanzar el valor añadido de nuestra producción. Y para eso necesitamos patentes, aplicaciones, desarrollos e innovaciones, capaces de encontrar un lugar en un mundo más que competitivo.
  • 2.8.f – La aplicación de la Ley de Dependencia es un importante nicho de empleo que el Gobierno Canario se ha negado a desarrollar y resulta una obscenidad el trato humano que estamos dando a estas personas.

2. 9 – Y parece inevitable reivindicar una renta básica de supervivencia, especialmente si se considera que hoy se trafica en el mercado de futuros con el trigo o el arroz que nos comeremos dentro de unos años.

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3 – Los Ayuntamientos, Tenerife y Canarias, un futuro en nuestras manos

3.1 – Se podría pensar que al descender hacia lo autonómico y lo local nuestra lucha contra este sistema podría perder sentido, ya que son las leyes de la UE y del Estado quienes lo configuran, pero no es así. Ocurre que en los ámbitos más cercanos de la Administración, la otra cara del sistema, la corrupción, se hace más visible porque sus principales vías han sido las leyes autonómicas de ordenación del territorio, los planes urbanísticos, las recalificaciones, licencias y la ocupación de la costa, junto a la escandalosa privatización de servicios que está de moda.

3.2 – No podrá haber ningún cambio mientras los gobiernos autonómicos y locales amparen la corrupción, por eso vamos a seguir insistiendo en las denuncias ante la Fiscalía: exigir hoy y aquí el cumplimiento estricto de la legislación tiene carácter revolucionario porque no es sólo una cuestión de legalidad y limpieza democrática. Es además la necesidad de cortar la vía de la financiación ilegal de los partidos que no quieren cambiar el sistema, porque han convertido el instrumento de participación en negocio. Desgraciadamente, han demostrado que no son rivales políticos, sino enemigos de la democracia.

3.3 – Pero hay más, porque tenemos en Canarias una gran especialidad legislativa: nuestra indecente Ley Electoral Canaria. La más sesgada, antidemocrática e injusta de las que existen en Europa, que es preciso y urgente reformar. Una ley que envía sistemática y directamente a la basura los votos de todos los partidos que no superen el 30% insular, con lo que en ocasiones ningún partido consigue representación por este cauce. Aunque como todo tiene truco en este Régimen, existe una segunda barrera que rescata nuevamente los votos de los partidos que superan el 6% regional, para que sólo los partidos del Régimen obtengan representación parlamentaria. Y así nos va.

3.4 – Canarias, no habiendo sido una de las Comunidades que accedió a la autonomía por la “vía rápida” no ha alcanzado todo el autogobierno ni los mecanismos democráticos que consiguieron las comunidades históricas. No obstante, disponemos de un Régimen Económico y Fiscal (REF) que constituye una fantástica herramienta para el desarrollo económico de nuestras Islas. Un recurso mal utilizado a tenor de nuestras cifras de paro, desigualdad y renta.

3.5 – Lógicamente, nuestra condición de archipiélago distante del territorio continental afecta gravemente al coste de nuestras importaciones y esa es la justificación de la existencia, en el marco del REF, del Régimen Especial de Abastecimientos (REA) que subvenciona las importaciones de productos esenciales para el consumo humano. Pero el REA, las subvenciones a la importación de alimentos, ha desertizado el campo canario sin haber conseguido abaratar la cesta de la compra. Urge reformarlo, porque nuestros parados necesitan los puestos de trabajo generados por toda esa producción agrícola y ganadera que importamos, y porque no es nada sensato subvencionar lo que podemos producir mientras mantenemos enormes cifras de paro.

3.6 – Algo parecido ocurre con la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) que permite a los empresarios con beneficios destinar a inversiones en su propia empresa los impuestos que tendrían que pagar, logrando así tipos impositivos por los beneficios inferiores al 3%. Ni siquiera a la vista de los hechos son capaces nuestros legisladores de entender que ese mecanismo ha impulsado los “monocultivos” del turismo y la construcción. No llegan a entender que las exenciones y subvenciones no están para destinarlas a quien tiene éxito económico, sino para apostar por una política económica, para invertir en quien muestra las potencialidades para tener éxito en el futuro, en sectores estratégicos. Hacen esto porque como neoliberales evitan hacer la política económica propia de un Estado: no quieren impuestos, ni servicios públicos, sólo mercado. Aunque como viene ocurriendo acabe en desastre para las clases sociales más desfavorecidas.

3.7 – Puestas así las cosas, con escasa democracia y exceso de corrupción, tras el pinchazo de la burbuja y el pago de los pufos con deuda pública se han generado en Canarias unas enormes bolsas de pobreza y desigualdad, mayores que en otros lugares, porque aquí se extremaron en la especulación y el negocio fácil, con el permiso y el impulso de los sucesivos gobiernos de los partidos del Régimen.

3.8 – Por eso, las administraciones local y autonómica deben dejar de impulsar negocios privados para empezar a ocuparse de su tarea, que no es otra que ocuparse de las cuestiones vitales de la gente, ya que son las administraciones más cercanas. Es decir, el agua, la alimentación, la vivienda, la salud, la formación, el trabajo y la energía que necesitamos todos los canarios:

  • 3.8.a – Replantear la totalidad del REF para reorientarlo hacia el empleo, paliando así nuestras escandalosas cifras de paro y la enorme carestía de la cesta de la compra.
  • 3.8.b – Rescatar la privatización del suministro de agua y los recursos hídricos, porque se trata de un bien muy escaso en Canarias y de interés general. Porque las privatizaciones del servicio que se están realizando tienen el único objetivo de conseguir liquidez por parte de los Ayuntamientos y son sólo operaciones financieras encubiertas que nos empobrecen. No hay justificación lógica para pagar a precio de beneficio empresarial (del 15% al 20%) la financiación que obtienen los Ayuntamientos por la concesión de la explotación, mientras los tipos crediticios tienden a cero en los mercados bancarios y la mala calidad hace que tengamos que comprar en los supermercados el agua que nos resulta vital. ¡La explotación privada del agua nunca es rentable a la sociedad!
  • 3.8.c – Considerar estratégica la necesidad de subvencionar, impulsar, formar y apoyar la agricultura, la pesca y la ganadería en todos sus aspectos, y preferentemente mediante cooperativas, hasta conseguir cifras de autoconsumo cercanas al 75%. No sólo para trasladar mano de obra del paro a la mar, las tierras yermas y los canales de distribución, sino para incrementar nuestra soberanía alimentaria, abaratar los precios y mantener un paisaje que es uno de los principales activos del turismo que tiene que seguir el motor económico de nuestra economía.
  • 3.8.d – Considerar estratégica la producción de energías renovables, porque todo nuestro consumo eléctrico procede de la importación y quema de petróleo y tenemos unas condiciones extraordinarias para las renovables. El sol y los alisios son nuestras energías, las que tenemos, junto a un mundo de potencialidades sin explorar en la geotérmica, la mareomotriz y la undimotriz (la de las olas). Y además, por la escasa distancia que tenemos entre la playa y la cumbre, podemos almacenar agua en altura, para tener energía renovable a disposición cuando la necesitemos, a cualquier hora del día o de la noche, con o sin viento ¡Repetir la experiencia de El Hierro por todo el Archipiélago!
  • 3.8.f – Penalizar la existencia de viviendas y locales vacíos porque a consecuencia de la RIC existe un enorme parque inmobiliario infrautilizado que sólo sirve para mantener altos los precios. Hay que aprovechar la situación de los mercados inmobiliarios para dotarnos de un parque de viviendas sociales, proporcional a la desigualdad y el paro que sufrimos en Canarias. Es decir, un enorme parque de viviendas sociales.
  • 3.8.g – Hay que impulsar la formación y el empleo que son y han sido una dificultad histórica para abrirnos al exterior y conseguir una economía con mayor valor añadido. Y porque siempre saldremos perdiendo si establecemos los salarios como factor de competitividad en un mundo que económicamente apuesta por los conocimientos, la investigación y las tecnologías. Hoy no es posible, ni siquiera razonable, querer construir el futuro con el trabajo asalariado de baja calidad que se nos ofrece bajo el impulso de nuestro Gobierno autonómico; esas mujeres del sur, camareras de planta en los hoteles, a las que por un salario indecente obligan a hacer 40 camas al día, para acabar reventadas por el esfuerzo antes de cumplir los 50 años.
  • 3.8.h – El turismo, la pata fundamental de nuestra economía, tiene que huir del estándar de sol y playa para convertir al turismo canario en una marca de calidad: una singularidad en los mercados. Siempre con el objetivo de conseguir un mejor reparto social y un mayor valor añadido por unidad de trabajo. Considerando que sólo el 36% de la factura turística llega a Canarias tenemos que procurar acabar siendo los dueños de nuestra propia oferta para no malbaratarla: impulsar la creación de turoperadores y líneas aéreas canarias que, más allá del todo incluido, sean capaces de retornar rentabilidades al resto de nuestra economía. No podemos seguir ocupando espacios naturales y territorios de la mejor calidad paisajística y urbanística para un negocio frágil que se debilita cuando el espacio económico de nuestros competidores mantiene la paz.
  • 3.8.i – La violencia de género arroja unas cifras en Canarias que son inaceptables. Resulta imprescindible efectuar una actuación de choque creando una red solidaria de apoyo y cobertura a las mujeres en riesgo, dotándola de recursos para que ninguna mujer más se encuentre sola ante la violencia. Hay que llevar la igualdad de género a las escuelas, porque las cifras de violencia sólo indican que gran parte de la sociedad no ha entendido lo que quiere decir igualdad de género.
  • 3.8.j – El fracaso escolar es una lacra que afecta la vida de muchos canarios porque como sociedad no hemos mantenido la atención suficiente para erradicarla. Es una cuestión de todos: de la escuela, los alcaldes, las policías locales y los padres. Pero hacen falta campañas, transmitirles la sensación de que están haciendo algo importante para todos y que los políticos vayan más a las escuelas.
  • 3.8.k – La gestión de los residuos y aguas negras reviste características de desastre ecológico en Tenerife. Una red de emisarios submarinos deteriorados y las emisiones de lixiviados han deteriorado la costa hasta el punto de afectar la biodiversidad, la pesca litoral y hasta el aspecto natural de la costa. En cuanto a los residuos sólidos, la fórmula escogida ha sido sacrificar un municipio, para enterrar todo y no verlo más. El agotamiento del espacio físico los obliga a hacer algo parecido a un reciclaje, un proceso que no podrá ser una realidad mientras no se separe la materia orgánica en origen (los cubos de basura domésticos). Porque la selección del vidrio papel, cartón, aceite… sólo es una forma de obtener beneficios económicos que no aporta soluciones al problema. El compostaje de esa materia orgánica es vital para una tierra con suelos volcánicos y el compost es oro puro si lo esparcimos en nuestros montes. Además, solo unos residuos limpios de materia orgánica pueden ser reciclados con cierta rentabilidad. La alternativa que quieren aplicar, es quemarlo todo en una incineradora que servirá para producir energía junto a emisiones contaminantes del más alto riesgo para la salud humana. Menos puestos de trabajo, riesgos en lugar de beneficios medioambientales y rentabilidad económica para las eléctricas, toda una declaración de principios de nuestros gobiernos.

3.9 – Pero nada será suficiente, no nos hace falta siquiera programa si no convencemos a los ciudadanos de que deben hacerse responsables y partícipes de la democracia ¡Que no vale ir a votar cada cuatro años, o no ir, y luego quejarse de que son unos corruptos!

3.10 – Tenemos las instituciones necesarias y un patrimonio natural envidiable, capaz de generar recursos para muchas generaciones si no lo malversamos. Los ciudadanos tenemos que actuar. Hay que coger el timón de nuestro futuro, entender que nadie lo va a hacer por nosotros en nuestro provecho. Para apostar por algo más civilizado, donde el poder del dinero esté supeditado a las necesidades, opiniones e intereses de la mayoría. Y para eso es necesario dotarnos de las leyes y gobiernos más progresistas, justos y democráticos, con mayor aprecio por la cultura y la formación, el bienestar y la salud de los ciudadanos que cualquiera de las otras comunidades y países. Ese es un enorme factor de riqueza, una ventaja competitiva incomprensible para el neoliberalismo que nosotros no debemos despreciar.

3.11 – No podemos dejar que Canarias ignore que es todo mentira en las políticas de austeridad y que las democracias más prosperas y estables ante la crisis han hecho menos caso al mundo financiero, han mantenido y ampliado el gasto social y/o han inyectado liquidez al sistema para paliar los efectos de la crisis entre los más desfavorecidos.

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4 – Hoy los problemas son globales, las soluciones también

4.1 – El militarismo de los Estados parece empujarnos a una nueva Guerra Fría, las guerras de religión y por el petróleo se han recrudecido. El incremento de la violencia, junto al cambio climático y el crecimiento insostenible de la población, configuran un desolador panorama global para este comienzo del siglo.

4.2 – Hay un altísimo porcentaje de la población mundial bajo unas condiciones extremas de pobreza y marginación. La existencia de fortunas unipersonales que superan el presupuesto de muchos Estados proporciona una idea de la magnitud de la injusticia, mientras la malaria y el dengue o el ébola campan a sus anchas.

4.3 – Apostamos por eliminar cualquier recorte en la ayuda al tercer mundo y en los programas de cooperación internacional, porque sólo sirven para extender el daño causado por los mismos miserables recortes del neoliberalismo.

4.4 – Ya nadie parece negar el cambio climático, pero al mismo tiempo tampoco nadie se acuerda del cumplimiento de protocolo de Kioto. En Canarias debemos rechazar la moratoria bajo la que permanecemos, porque no hacer nuestra tarea de plantar el número de árboles equivalente a las emisiones que lanzamos a la atmósfera, sólo puede perjudicarnos. Hay que asumir nuestra cuota de responsabilidad en el cambio climático acatando en primer lugar las resoluciones del protocolo de Kioto para liderar su aplicación como una marca de prestigio de nuestro Archipiélago. Constituye una oportunidad estratégica, generadora de empleo y calidad medioambiental, un recurso imprescindible para el sostenimiento de nuestro turismo.

4.5 – La globalización que hace unos años fue vista como un pozo inagotable de oportunidades para la Humanidad se ha convertido paulatinamente en un conjunto de riesgos, porque ha inducido la desregulación laboral vía dumping social: comprar productos que se fabrican bajo condiciones en las que no hay contra-prestaciones sociales o son muy bajas, sólo puede acabar en la pérdida de los derechos que tenemos aquí.

4.6 – Hay que apostar por una globalización que no iguale a la baja los derechos laborales en el mundo, porque si bien tienen derecho a que apoyemos su desarrollo comprándoles una parte de su producción, no lo tienen al degradar el estándar social que hemos alcanzado los países europeos tras años de lucha de clases. No tienen derecho a esto, ni los países emergentes ni los dirigentes que nos imponen el modelo chino de relaciones laborales.

4.7 – Con Internet ha ocurrido algo parecido al albergar perfiles humanos, políticos y económicos de sus usuarios ha recogido todos sus conflictos. Hoy Internet se ha convertido en el lugar donde el Gobierno norteamericano nos espía masivamente. Además, planifica convertir Internet en un lugar de ricos y pobres, acabando con la neutralidad de la red. Una Internet de dos velocidades con vías rápidas que estarán reservadas a un pequeño puñado de grandes compañías y a quienes puedan pagar tasas enormes. Ni que decir tiene que la rápida, la de pago, será la de verdad. Queda muy lejos del espíritu libre, abierto, neutral e igualitario con el que nació la red.

4.8 – Algo debe cambiar urgentemente en la gobernanza mundial para proporcionar sostenibilidad al planeta y un mayor grado de seguridad, igualdad y justicia a sus gentes, debemos mantener e impulsar una actitud que forme parte de la solución a estos problemas.

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Estatutos de la Asociación Política Socialistas por Tenerife, constituida de acuerdo con la L.O. 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.

Artículo 1º.- Principios de la Asociación.

La asociación política Socialistas por Tenerife se fundamenta en los valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad y la defensa de la naturaleza, los principios del federalismo y la democracia inspirarán su funcionamiento, su organización y su actividad en la sociedad y en las instituciones públicas. Y asume la práctica y la defensa de los valores proclamados por la Constitución Española. Las siglas que la representan son “SxTF” y su símbolo, estas mismas siglas en blanco sobre un rectángulo azul marino:

sxtf

Artículo 2º.- Ámbito.

Socialistas por Tenerife es un partido político de ámbito provincial, constituido para contribuir democráticamente a la determinación de la política de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y a la formación de la voluntad política de los ciudadanos, así como promover el debate y la participación en las instituciones representativas de carácter político mediante la presentación y apoyo a candidatos electorales.

Artículo 3º.- Miembros de la Asociación.

Podrán formar parte de la Asociación, con plena igualdad de derechos y obligaciones, las personas físicas, mayores de edad, que disfruten del pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 4º.- Derechos de los miembros.

Todos los miembros de la asociación, con plena igualdad, tendrán reconocidos los siguientes derechos que podrán ser desarrollados y ampliados posteriormente:

  1. Participar en las actividades de la asociación política y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la asamblea general, de acuerdo con los estatutos.
  2. Ser electores y elegibles para los órganos de gobierno y representación de la Asociación.
  3. Ser informados acerca de la composición de los órganos directivos y de administración o sobre las decisiones adoptadas por los órganos directivos, sobre las actividades realizadas y sobre la situación económica.
  4. Impugnar los acuerdos de los órganos del partido que estimen contrarios a la Ley o a los estatutos.
  5. A que todas las medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos a los afiliados o, en su caso, la expulsión, sólo puedan imponerse mediante procedimientos contradictorios en los que se garantice a los afectados el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado y el derecho a formular recurso interno.

Artículo 5º.- Deberes de los miembros.

Todos los miembros de la asociación, con plena igualdad, tendrán reconocidos los siguientes deberes que podrán ser desarrollados y ampliados por los reglamentos internos posteriores:

  1. Cumplir las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
  2. Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas.
  3. Respetar lo dispuesto en los estatutos y en las leyes.
  4. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido.
  5. Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, les puedan corresponder.

Artículo 6º.- Órganos de la Asociación.

Los órganos de dirección y representación de la asociación, cuya legitimidad proviene de su elección democrática mediante sufragio libre y secreto, son el Congreso o Asamblea General, el Comité, las comisiones Ejecutiva, Disciplinaria y de Garantías, junto a las Asambleas de la Asociación.

6.1.- El Congreso de la Asociación o Asamblea General.

El Congreso o Asamblea General es el órgano soberano de la Asociación. Y tiene como funciones principales las siguientes:

  1. Definir el programa y la estrategia de actuación política y social.
  2. Aprobar las modificaciones de los Estatutos.
  3. Aprobar reglamentos internos de funcionamiento.
  4. Elegir a la Comisión Ejecutiva y al Secretario General.
  5. Examinar y votar la gestión de los órganos de la Asociación.

El Congreso ordinario se deberá reunir cada tres o cuatro años evitando interferir con los procesos electorales. En su debate participarán los miembros de la asociación, junto a todos los que podamos animar e impulsar mediante el debate a través de los medios y la Web.

El Comité de la Asociación es el órgano competente para convocar un Congreso ordinario, no obstante, un Congreso extraordinario puede ser convocado por el Comité o por la Comisión Ejecutiva y preceptivamente cuando lo pida un tercio de los miembros de la Asociación.

En el Congreso extraordinario sólo se podrán adoptar resoluciones sobre las materias previstas en el Orden del Día para el que fue convocado y coyunturalmente, la revocación de la Comisión Ejecutiva mediante la convocatoria de un nuevo Congreso ordinario.

Cuando por limitaciones de aforo no puedan reunirse en asamblea todos los afiliados de la Asociación, se realizarán Asambleas Locales para elegir representantes mediante voto individual y secreto, con listas abiertas y una fórmula proporcional que garantice plenamente el pluralismo político y territorial. Todos los afiliados asistentes al Congreso o en su defecto sus representantes electos,  tienen voz y voto en el Congreso.

El debate de las ponencias se realizará principalmente en internet y podrá ser defendida en el plenario, incluso por alguien que no esté afiliado, cualquier enmienda o aportación que no haya sido recogida en la ponencia pero cuente al menos con el apoyo del 20% de los congresistas.

Todas las elecciones a realizar y los acuerdos a adoptar en el Congreso se resuelven por mayoría simple. La elección de la Mesa y la votación de las resoluciones y acuerdos, así como de la gestión de los órganos, se realizará mediante voto individual a mano alzada.

Previa presentación de candidaturas se procederá a la elección del Secretario/a General mediante el voto individual, directo y secreto. Una vez elegido presentará una propuesta de Comisión Ejecutiva que deberá ser aprobada mediante voto individual, directo y secreto.

El órgano o los afiliados convocantes deberán determinar la fecha, lugar y orden del día de la reunión, al menos con 60 días de antelación y en colaboración con la Comisión Ejecutiva que será el órgano encargado de organizar el Congreso. Cuando circunstancias urgentes o específicas lo aconsejen, no será preciso atender estos plazos.

El proceso congresual se iniciará ordinariamente con el envío a todos los afiliados, de una propuesta de Orden del Día provisional, una ponencia marco elaborada por el Comité, y las memorias de gestión de los órganos de la asociación. En los extraordinarios el convocante será responsable de proponer un orden del día y los documentos explicativos que resulten oportunos.

Los miembros de la asociación tienen un máximo de 30 días para formular sugerencias al Orden del Día o ponencias alternativas y pueden presentar proposiciones, enmiendas sobre materias de cualquier naturaleza, tanto si figuran incluidas en la Ponencia Marco como si no, hasta tres días antes de la fecha del Congreso.

Todas las enmiendas y proposiciones recibidas serán publicadas en internet, en el marco del Congreso, salvo las que por sus contenidos inapropiados, ilegales o al margen del objeto de la reunión, la Comisión Ejecutiva, esté obligada a rechazar razonadamente vía correo electrónico.

6.2.- El Comité de la Asociación.

El Comité es el máximo órgano de la asociación entre congresos. Asume las funciones de desarrollar y actualizar los programas y estrategias, el examen y control de la actuación de la Comisión Ejecutiva, y en especial la aprobación de candidaturas electorales y de los acuerdos y alianzas con otras entidades asociativas que representen intereses ciudadanos, socioeconómicos o políticos.

El Comité estará compuesto por la Comisión Ejecutiva y 100 miembros más, elegidos por las asambleas territoriales. Las asambleas elegirán un miembro por cada uno de los 31 municipios, los restantes 69 miembros serán elegidos en idéntico reparto al porcentaje que representen los miembros de cada Asamblea sobre el número total de miembros de la asociación.

Esta escala de representación permanecerá invariable hasta el siguiente Congreso, de igual modo que esa será la duración del mandato de cada Comité.

El Comité se reúne al menos tres veces al año, siendo convocado por la Comisión Ejecutiva. El Comité puede ser convocado con carácter extraordinario cuando lo considere la Comisión Ejecutiva o lo soliciten, al menos, un tercio de sus componentes.

Las sesiones ordinarias deben ser convocadas con al menos 15 días naturales de antelación y las extraordinarias con la urgencia que requiera el caso. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple y serán válidos siempre que hayan sido notificados con la convocatoria todos sus miembros y se produzca el quórum mínimo de la mitad más uno de sus componentes.

6.3.- La Comisión Ejecutiva de la Asociación.

La Comisión Ejecutiva, cuyo mandato se desarrollará entre Congresos, es el órgano encargado de aplicar y dirigir la política de la asociación. Su composición será votada en el Congreso y sus competencias fundamentales son:

  1. Aplicar las estrategias y programas aprobados por el Congreso y el Comité.
  2. Ejercer solidariamente las funciones ejecutivas y representativas de la Asociación, el gobierno interno y la gestión económica y fiscal.
  3. Dar cuenta de su actuación al Congreso, mediante un Informe de Gestión que será votado para su aprobación.

La Comisión Ejecutiva se reúne con la frecuencia que por sí misma acuerde, y al menos una vez al mes. Sus decisiones se adoptan por la mayoría simple de los miembros presentes. Para que los acuerdos sean válidos se requiere que todos los miembros hayan sido notificados de la reunión, su orden del día y el quórum será de mayoría simple.

La convocatoria de la Comisión Ejecutiva es competencia de su Presidente, que además ostenta la representación oficial de la asociación, preside y modera las reuniones de la Ejecutiva y cuantos actos oficiales organice.

6.4.- La Comisión Disciplinaria.

Será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las normas internas de la asociación y el encargado de incoar los expedientes sancionadores. Estará compuesto por tres miembros de la asociación, que no podrán ostentar ningún cargo orgánico ni público, elegidos en el Congreso mediante votación individual y secreta de los congresistas, previa presentación de candidaturas ante la mesa del Congreso, de listas completas, cerradas y bloqueadas.

6.5.- La Comisión de Garantías.

Será el órgano encargado de velar por los derechos de los miembros de la asociación así como de estudiar los recursos que se presenten frente a las resoluciones sancionatorias. Estará compuesto por tres miembros de la asociación, que no podrán ostentar ningún cargo orgánico ni público, elegidos en el Congreso mediante votación individual y secreta de los congresistas, previa presentación de candidaturas ante la mesa del Congreso, de listas completas, cerradas y bloqueadas.

6.6.- Las Asambleas

Las Asambleas de la asociación se realizan en el ámbito territorial, ya sea este insular, local, o cualquier otro acordado en los órganos de nuestra Asociación Política, desde la concepción federal que nos caracteriza y  la aceptación de las resoluciones congresuales.

Las Asambleas se iniciaran con la elección de una mesa compuesta por un presidente y un vicepresidente, encargados del desarrollo del acto y un secretario de actas encargado de recoger los acuerdos.

Todos los miembros de la Asamblea son responsables de obtener un resultado productivo de la reunión por lo que evitarán debates desordenados, excesivos apasionamientos o actitudes fuera de las formas habituales de convivencia.

El presidente actuará de forma absolutamente neutral. Al ser el responsable de que la Asamblea consiga el mejor de los resultados políticos y democráticos, en forma de resoluciones, podrá otorgar y retirar el turno de palabra según su criterio. Siempre, en la actitud de no coartar el debate, sino agilizarlo y equilibrarlo concediendo tiempos similares a todas las posiciones diferentes.

Artículo 7º.- Organización Territorial de la Asociación.

La asociación se organizará en base al principio federal, de manera que cada organización territorial tendrá autonomía para la dirección y gestión de los asuntos de su ámbito y las competencias necesarias para ejercerla, haciendo coincidir su ámbito de actuación con el de las entidades territoriales que conforman el sistema político previsto por la Constitución Española y las normas que la desarrollan.

En cada agrupación territorial existirá una Asamblea General de sus afiliados y un Comisión Ejecutiva, elegido en asamblea, que será responsable ante la misma. Los reglamentos internos de la asociación regularán sus funciones respectivas.

Las organizaciones territoriales actuarán estrictamente en el marco de las estrategias y programas aprobados por el Congreso, en permanente contacto con los afiliados y bajo la coordinación y dirección política y orgánica de la Comisión Ejecutiva de la Asociación.

Artículo 8º.- Acuerdos con otras Organizaciones o Entidades.

La asociación, en el marco de sus principios y valores y para la consecución de sus objetivos podrá celebrar acuerdos de colaboración, asociación o integración con otras entidades, que en ningún caso podrán afectar restrictivamente a sus principios democrático y federalista, ni a los procedimientos y competencias que garantizan su plena efectividad.

Artículo 9º.- Régimen disciplinario de los miembros de la Asociación.

El régimen disciplinario se ejercerá de acuerdo a los principios de tipicidad de las infracciones, audiencia de los interesados, presunción de inocencia y proporcionalidad en la sanción.

Las infracciones se calificarán como faltas leves, graves y muy graves.

9.1.- Son faltas leves:

  1. El insulto personal a otro miembro de la asociación.
  2. La pérdida de compostura y respeto que, sin perjuicio de la libertad de crítica, se debe guardar en cualquier acto de la asociación.
  3. La falta de solidaridad mostrada públicamente en contra de las decisiones de los cargos públicos y órganos competentes de la asociación.
  4. Hacer públicos comentarios opuestos a la línea política de la asociación.

9.2.- Son faltas graves:

  1. La privación a otros miembros de la asociación, por acción u omisión, de sus derechos de voto, o asistencia a los actos de la asociación.
  2. La retención de documentación que impida la ejecución de los acuerdos de los órganos de la asociación.
  3. La ofensa personal grave a cualquier miembro de la asociación que menoscabe el prestigio y la imagen pública de los órganos de la asociación, cuando se produzcan con publicidad o tengan notoria trascendencia.

9.3.- Son faltas muy graves:

  1. La integración oficial de un miembro de la asociación en la lista electoral de otro partido o coalición.
  2. Suscribir o apoyar una moción de censura sin autorización expresa de los órganos competentes.
  3. La indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes de la asociación, ajustadas a Estatutos.
  4. La falta de honradez en el desempeño de cualquier cargo público u orgánico, así como los derivados de la irregular administración de los fondos de la asociación.
  5. La doble pertenencia en cualquier partido o asociación política.
  6. El abandono del cargo público para el que hubiera sido designado o elegido sin la previa autorización del órgano competente de la asociación.
  7. Menoscabar la imagen de los cargos públicos o instituciones relacionadas con la asociación.
  8. Cualquier actuación que, contradiciendo los principios de la asociación o suponiendo una mala conducta cívica o ética, sea considera muy grave por la Comisión Disciplinaria.

9.4.- Las faltas leves prescriben a los 3 meses, las graves a los 9 y las muy graves a los 18 meses.

Artículo 10.- Las sanciones.

Las sanciones tendrán que establecerse siempre en virtud de acuerdo motivado y fundado, previo expediente instruido con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 11.

10.1.- Las sanciones serán las siguientes:

En los supuestos de faltas leves:

  1. Apercibimiento y/o suspensión de militancia hasta dos meses.

En los supuestos de faltas graves:

  1. Inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos y/o públicos entre 2 y 18 meses.
  2. Suspensión de militancia entre 2 y 18 meses.

En los supuestos de faltas muy graves:

  1. Suspensión de militancia entre 18 y 36 meses.
  2. Inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos y/o públicos entre 18 y 36 meses.
  3. Expulsión de la asociación.

Artículo 11º.- El procedimiento sancionador.

La Comisión Disciplinaria elegida al efecto en cada Congreso Ordinario será el órgano competente, de oficio o por petición razonada, para incoar un expediente sancionador.

11.1.- El acuerdo de iniciación tendrá el siguiente contenido mínimo:

  1. Identificación de la persona o personas responsables.
  2. Los hechos sucintamente expuestos y su calificación provisional con la expresión de la norma presuntamente infringida.
  3. El Nombramiento de instructor/a y en su caso secretario/a.

En un plazo de 10 días se notificará fehacientemente el acuerdo de iniciación al presunto responsable, y en su caso al denunciante.

11.2.- Notificación del instructor/a y período de prueba.

  1. El instructor/a notificará al expedientado su nombramiento y le informará de las causas de la apertura del expediente. En esa notificación se hará constar su derecho a indicar los medios de prueba de los que el expedientado pretenda valerse en su defensa, propuesta que deberá hacer llegar por escrito al instructor en un plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la notificación.
  2. A la vista de las actuaciones practicadas, el instructor propondrá el sobreseimiento o formulará el correspondiente pliego de cargos.

11.3.- Pliego de cargos.

La Comisión Disciplinaria, notificará el Pliego de cargos a los interesados y a la Comisión de Garantías, para que en el plazo de 10 días hábiles manifiesten cuantas alegaciones de defensa consideren oportunas.

Transcurrido ese plazo, el instructor/a elevará la propuesta de resolución a la Comisión Disciplinaria, junto a todas las actuaciones que obren en el expediente.

11.4.- Resolución.

Una vez recibido el expediente, la Comisión Disciplinaria podrá resolver o acordar la apertura de un período máximo de 60 días para practicar las pruebas que estime necesarias. Concluido el período de pruebas, resolverá en un plazo que no exceda de los 30 días hábiles, comunicando el fallo a la persona interesada, al denunciante y al órgano al que corresponda su ejecución. Se remitirá el expediente con todas las actuaciones realizadas a la Comisión de Garantías.

11.5.- Recursos.

Las resoluciones sancionadoras de la Comisión Disciplinaria podrán recurrirse ante la Comisión de Garantías en el plazo de 10 días hábiles, remitiendo copia del recurso interpuesto a la Comisión Disciplinaria.

Artículo 12º.- Suspensión o disolución de la Asociación.

Además de la suspensión o disolución judicial previstas legalmente, la disolución de la asociación por causa justificada, o su integración en otra entidad de similar naturaleza y objetivos, podrá ser acordada por la mayoría absoluta del Congreso, en base a una convocatoria en la que figuren expresamente las propuestas de disolución o integración y las causas o fines que las justifiquen. El patrimonio resultante en caso de disolución se destinará a lo que acuerde el Congreso en su momento, y en todo caso a organizaciones no gubernamentales de probada eficacia y cuyo trabajo sea coherente con los principios de nuestra Asociación.

Artículo 13º.- Financiación y gestión económica de la Asociación.

La financiación y gestión económica de la asociación se llevarán a cabo de acuerdo con lo previsto en la L.O. 8/2007, de 4 de julio, y demás disposiciones legales que sean de aplicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En lo no previsto en estos Estatutos y hasta que sean desarrollados por el Congreso de la Asociación, serán de aplicación las disposiciones legales reguladoras de los partidos políticos, así como la Jurisprudencia sobre su interpretación y aplicación.

SEGUNDA.- Durante el transcurso de las Asambleas de la Asociación y mientras no dispongamos de un reglamento de Asambleas más preciso, conviene evitar cualquier interrupción en los debates, pudiendo los congresistas dirigirse discretamente a la mesa, de considerar que quien está en el uso de la palabra, incumple los estatutos, miente fehacientemente o realiza alusiones que deben ser contestadas.

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