1 – Un sistema ilegítimo que debemos combatir

1.1 – La reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978 que se aprobó el 27 de septiembre de 2011 con los votos parlamentarios del PSOE y el PP, sin debate y en 48 horas, para proporcionar prioridad absoluta al pago de la deuda en los Presupuestos Generales del Estado, constituyó una gravísima transgresión democrática que establece un antes y un después en la política y la democracia española, ya que la Constitución contempla que cualquier modificación a su texto se realice por referéndum cuando afecte a decisiones políticas de especial trascendencia o a derechos fundamentales.

1.2 – Esta reforma prevaricadora, realizada aprisa y corriendo para eludir la Ley de Quiebras, también fue el preludio de los recortes, el endeudamiento público y el paro. Y sucedió porque la Troika había decidido trasladar a los españoles de a pie la quiebra de cajas y bancos ocasionada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Aun cuando nuestra legislación dejaba sin cobrar a los acreedores que principalmente eran bancos europeos.

1.3 – Nadie pensó entonces que la reforma y las prisas evidenciaban una enorme pérdida de soberanía, además de la degeneración de un “sistema” que negaba los propios valores democráticos pervirtiendo sus objetivos. Fragilizaron la Constitución y la democracia irresponsablemente y en un inadmisible alarde de paternalismo: decidieron por nosotros, ilegítimamente, sacrificar las necesidades reales de la ciudadanía (el empleo y el Estado de Bienestar), para atender los intereses de los poderes económicos y financieros, los mismos que tras enormes beneficios especulativos habían originado la crisis.

1.4 – Pero no fueron PP y PSOE solos porque resulta evidente que hay partidos que no votaron esta reforma y participan plenamente del modelo, como CC, NC, CCN, PIL o CiU,… con los mismos vicios democráticos, la misma mezcla de intereses económicos y políticos y la misma doble moral. No pretenden cambiar nada, sólo intercambiar las sillas de un sistema que convierte a los candidatos, desde el momento de su elección, en una especie de intermediarios con el poder de verdad, con derecho a enriquecerse, a ignorar informes, levantar reparos y cambiar constituciones: Nuevos virreyes en el lugar de representantes ciudadanos.

1.5 – Un sistema tan ineficiente, con una legislación tan compleja, contradictoria y llena de excepciones, con una administración tan opaca y desprovista de controles, tan distante y anticuada, que se podría llegar a pensar que es un compendio de incompetencias, pero no es así: es tan sólo resultado de un largo proceso de expolio, burocratización y degradación de lo público, de la continuada hegemonía de las ideas neoliberales y del dogmatismo de quienes piensan que todo debe estar sometido a la “iniciativa privada”, al enriquecimiento de unos pocos y a la ley del más fuerte.

1.6 – Además, ya no se puede ignorar que la pata oculta del sistema ha sido la corrupción generalizada. Y han tenido que ser la justicia y el amarillismo de los telediarios los encargados de demostrar que el modelo constitucional del 78 y nuestra modélica transición, ocultaban un alto grado de corrupción institucional, necesaria para que los “partidos de gobierno” se pudieran mantener en el poder, legislatura tras legislatura, inmersos en las más vergonzantes ilegalidades.

1.7 – Las leyes electorales injustas, la compraventa de voluntades políticas, el transfuguismo y la financiación ilegal de los partidos han sido las constantes del modelo político de la Transición. Un modelo agotado e inservible que necesita ser sustituido por otro más participativo y democrático, en el que los intereses de la gente y la transparencia ocupen un lugar central, donde los impuestos nunca puedan ser destinados a financiar a los bancos, ni las necesidades vitales de los más débiles puedan ser objeto de beneficios especulativos.

1.8 – Y es por eso que somos socialistas -la antítesis de lo neoliberal- porque estamos convencidos de que la justicia social es una fuente de riqueza colectiva y de que una sociedad donde la sanidad funciona, con una ciudadanía formada, que ve resueltos sus problemas vitales por una administración eficaz, es una sociedad más útil para el desarrollo individual de cada ciudadano.

1.9 – Pero el prestigio de la política y quienes la ejercemos ha quedado seriamente dañado. Se ha producido una lógica desmoralización en los demócratas y una tal desafección y desconfianza de los ciudadanos hacia la política que en las próximas elecciones pueden producirse récords de abstención en aquellos lugares donde no exista una alternativa real a los partidos del sistema. Y este es un escenario que teóricamente debería favorecernos, porque llevamos años denunciando tanto la corrupción como el inviable modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí.

1.10 – Hoy no es suficiente con enunciar un programa abiertamente socialista y democrático para convencer a la gente, porque convirtiendo todo en engaño, han conseguido hacer olvidar que el conflicto es el reparto de la tarta social. Y por eso debemos seguir impulsando las políticas de regeneración democrática que siempre hemos defendido:

  • 1.10.a – Necesitamos recomponer el contrato social, en un nuevo pacto constitucional que a ser posible, tras un amplio debate ciudadano para ponernos de acuerdo, abra el proceso constituyente de una República Federal. Sin prisas, pausas, ni radicalismos, hay que repensar el marco legal de nuestra convivencia porque el deterioro democrático que sufrimos es intolerable.
  • 1.10.b – Revisión completa de todo nuestro ordenamiento jurídico, por los mismos motivos y para simplificarlo todo y acercarlo a los métodos administrativos del Siglo XXI. La justicia debe abordar una profunda reforma que la modernice porque resulta desmoralizador, acudir a un juzgado y tener que ver las mesas de trabajo sumergidas bajo tongas de expedientes, ordenados con lacitos rojos y azules, todo inspirado en el Siglo XIX.
  • 1.10.c – Alcanzar el máximo grado de transparencia en las administraciones que permitan las tecnologías, entendiendo que es un derecho pagado con los impuestos. Llevar a Internet todo lo susceptible de albergar espacios de corrupción o información privilegiada: subvenciones, contratos, concursos, ofertas, plazas, subastas, becas, premios, concesiones,…. Es información pública que debe ser accesible a todos, para garantizar que los corruptos nunca más vuelvan a sentirse impunes.
  • 1.10.d – Posibilidad de revocar cargos electos, limitación de mandatos y sueldos, eliminar cualquier tipo de aforamiento, inhabilitación de imputados y condenados por corrupción. Todo lo posible para que quienes nos representen sea gente normal, con los mismos derechos y obligaciones que los demás. Sólo, que les pagamos para que nos representen y podemos mandarlos al paro cuando lo hagan mal.
  • 1.10.e – Limitación de los gastos de campaña, controles exhaustivos en la contabilidad y tutela judicial de la democracia interna de los partidos, porque la Constitución asigna a los partidos la tarea de ser instrumento fundamental para la participación política,…, siendo libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley,… y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Y nada de esto ha sido así bajo el régimen del 78.
  • 1.10.f – Obligatoriedad de debatir las ILP en los distintos Parlamentos, porque resulta indecente que tras la enorme recogida de firmas requerida para poder ejercer la participación ciudadana, los partidos del sistema puedan abortar esos debates en un evidente fraude de ley.
  • 1.10.g – Los presupuestos participativos constituyen una necesidad económica. Hay un sinfín de necesidades reales de los ciudadanos que no necesitan ser interpretadas por los políticos y no se abordan, mientras podemos observar una geografía plagada de grandes inversiones que sólo sirven para engordar la corrupción.
  • 1.10.h – El laicismo, es una tarea pendiente de nuestra democracia y la memoria histórica debe ser llevada a la Constitución.
  • 1.10.i – Eliminar todo tipo de barreras electorales y la ley d’Hont.

1.11 – Estos son algunos de los aspectos a legislar con urgencia si queremos producir un cambio en el sistema; aunque debemos ser conscientes de nuestra propia dimensión y de que estas políticas quedan fuera de nuestro ámbito local y autonómico; aunque son temas en los que no podemos callar, porque constituyen el espacio político que siempre hemos transitado y no debemos abandonarlo ahora que se ha iniciado el debate en la sociedad; al contrario, sólo podemos marcarnos como objetivo ocupar, agrandar y hegemonizar en lo local, esos espacios políticos de la regeneración democrática.

1.12 – Por eso necesitamos construir una política de alianzas amplia, estable y duradera, porque tenemos la obligación de aportar a la construcción de mayorías sociales capaces de abordar con éxito el cambio del sistema, para no perder ni un ápice del impulso político que localmente podamos recoger. Y porque será en 2015 cuando nos juguemos la posibilidad de abordar estas políticas de regeneración democrática, con una nueva representación parlamentaria apoyada en una nueva mayoría de cambio que no tenga miedos a la democracia.

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17 respuestas a 1 – Un sistema ilegítimo que debemos combatir

  1. Delfina dijo:

    En punto 1.10 F. Añadir donde se nombra la sigla ILP (Iniciativa Legislativa Popular) o
    Cambiar las propias siglas por su significado.
    o bien a las siglas se le puede añadir este link (http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa_legislativa_popular)
    Lo he leído un montón de veces y siempre me quedo pensando ¿que es? sobre todo lo pido para gente como yo que se despista.

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  2. Odalys dijo:

    Establecer una limitación de sueldos, por ley, para cargos públicos, asesores y para los altos ejecutivos de las empresas públicas y las fundaciones.

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  3. Odalys dijo:

    La Administración Pública, como toda organización, requiere para el cumplimiento de sus fines, además de medios materiales y recursos financieros, recursos humanos. En la actualidad la incorporación del personal eventual así como la posibilidad de desempeñar determinados cargos de carácter directivo se realiza prácticamente sin ningún tipo de control respondiendo únicamente a relaciones y/o intereses políticos y personales. Es fundamental que se concreten y regulen sus funciones, los supuestos donde dicha figura es posible así como la limitación en el número máximo de eventuales en cada órgano. Sin que esto pueda significar ningún tipo de recorte, ni precarización de estos puestos de trabajo, necesarios en el funcionamiento cotidiano de las administraciones.

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  4. Justo dijo:

    1.1 en la cuarta línea cambiar “establece” por “marcó”

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  5. Justo dijo:

    1.10.g – Apostar por los presupuestos participativos como una necesidad imprescindible de la económica pública. Existe un sinfín de necesidades reales de los ciudadanos que no necesitan ser interpretadas por los políticos y no se abordan, mientras podemos observar una geografía plagada de grandes inversiones que sólo sirven para engordar la corrupción.

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  6. Inma dijo:

    Añadir al punto 1.10.b.- Conseguir que la justicia sea un derecho al alcance todos, lo contrario de lo que ha hecho el PP imponiendo unas tasas desorbitadas para que la justicia sea sólo para quienes puedan pagársela.

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  7. Antonio dijo:

    Añadir al punto 1.10.i: Que el reparto de escaños se ajuste al número de votos conseguidos, utilizando el sistema de resto mayor.

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  8. Odalys dijo:

    Eliminación de las S.I.C.A.V. (Sociedad de Inversión de Capital Variable) dado que es un instrumento financiero que permite invertir dinero y diferir el pago anual de impuestos a discreción, a través de la creación de una sociedad anónima cuyo objetivo social es invertir en activos financieros. Mientras los rendimientos de la mayoría de cuentas bancarias tributan de media al 21 %, los más ricos lo hacen al 1%, hasta que deciden cual es el momento más apropiado para declarar. Desde el año 2005 las competencias sobre dichas sociedades ha pasado a manos de la C.N.M.V. (Comisión Nacional del Mercado de Valores), no pudiendo los inspectores fiscales investigar ni a los titulares ni la procedencia de los fondos.

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  9. Bwana, a mi no. dijo:

    Sigo pensando lo mismo. Si ustedes un partido municipalista, como mucho, mucho, insularista …

    ¿Cómo van a cambiar la Constitución? ¿Desde una moción de un Ayuntamiento? ¿En el Cabildo tal vez?
    ¿Cómo van a eliminar de nuestro ordenamiento jurídico las SICAV? ¿Desde una moción de un Ayuntamiento? ¿En el Cabildo tal vez?
    ¿Cómo van a cambiar la Ley Electoral Canaria? ¿Desde una moción de un Ayuntamiento? ¿En el Cabildo tal vez?

    ¿No se dan cuenta que eso es demagogia barata? Ni el mismísimo Corrales, que ya es decir, lo haría.

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  10. justo dijo:

    Detrás de 1.10.e – Prohibir las donaciones de empresas a partidos. Se puede comprender la donación de un particular que intenta impulsar sus ideas, haciendo donaciones a partidos que le son afines. Pero la donación realizada por una empresa que tiene como único objetivo ganar dinero, no tiene ningún sentido salvo el ser puerta de entrada a la corrupción.

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  11. candido dijo:

    1.6 – Cambiar “la pata oculta del sistema” por otra expresión: el elemento oculto del sistema..

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  12. Idaira dijo:

    1.10.D, Añadir: “Proponer en todos los ámbitos que nos sea posible, herramientas que sean efectivas en la lucha contra la corrupción, incluso de forma preventiva, tales como la erradicación de “echaderos políticos” o puertas giratorias, limitación de salarios públicos, reduciéndolos a un salario digno como el de cualquier otro trabajador y la creación de leyes que obliguen a la devolución inmediata del acta, tras una imputación”

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  13. Idaira dijo:

    1.10.H: Añadir: “Trabajar por un Estado Laico, de forma real y decidida, y romper los tradicionales lazos de poder entre Estado e Iglesia”

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  14. Odalys dijo:

    Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.

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  15. Odalys dijo:

    Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
    El objetivo será el de impulsar una separación de poderes más efectiva y real que garantice la independencia del poder judicial y evite la politización partidista de los órganos de gobierno de la judicatura.

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  16. Odalys dijo:

    Progresividad fiscal y capacidad económica están estrechamente vinculados porque básicamente consiste en que a más ingresos, más tributación. Debemos equilibrar la injusta distribución de la riqueza que genera el actual sistema económico actual a través de la progresividad fiscal, de la lucha contra el fraude y aumentando el tipo impositivo a las grandes fortunas y a las entidades bancarias.

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  17. Jesús dijo:

    En el punto 1.10.d.- No a la ocupación de dobles cargos públicos y por tanto doble salario. Una dedicación, un sueldo. En el caso de ser candidato en diferentes administraciones, y salir elegido, deberá tomar posesión de un solo cargo.
    *No se puede ser concejal en un municipio y consejero del Cabildo o Diputado en el Gobierno.

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