1 – Un sistema ilegítimo que debemos combatir

1.1 – La reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978 que se aprobó el 27 de septiembre de 2011 con los votos parlamentarios del PSOE y el PP, sin debate y en 48 horas, para proporcionar prioridad absoluta al pago de la deuda en los Presupuestos Generales del Estado, constituyó una gravísima transgresión democrática que establece un antes y un después en la política y la democracia española, ya que la Constitución contempla que cualquier modificación a su texto se realice por referéndum cuando afecte a decisiones políticas de especial trascendencia o a derechos fundamentales.

1.2 – Esta reforma prevaricadora, realizada aprisa y corriendo para eludir la Ley de Quiebras, también fue el preludio de los recortes, el endeudamiento público y el paro. Y sucedió porque la Troika había decidido trasladar a los españoles de a pie la quiebra de cajas y bancos ocasionada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Aun cuando nuestra legislación dejaba sin cobrar a los acreedores que principalmente eran bancos europeos.

1.3 – Nadie pensó entonces que la reforma y las prisas evidenciaban una enorme pérdida de soberanía, además de la degeneración de un “sistema” que negaba los propios valores democráticos pervirtiendo sus objetivos. Fragilizaron la Constitución y la democracia irresponsablemente y en un inadmisible alarde de paternalismo: decidieron por nosotros, ilegítimamente, sacrificar las necesidades reales de la ciudadanía (el empleo y el Estado de Bienestar), para atender los intereses de los poderes económicos y financieros, los mismos que tras enormes beneficios especulativos habían originado la crisis.

1.4 – Pero no fueron PP y PSOE solos porque resulta evidente que hay partidos que no votaron esta reforma y participan plenamente del modelo, como CC, NC, CCN, PIL o CiU,… con los mismos vicios democráticos, la misma mezcla de intereses económicos y políticos y la misma doble moral. No pretenden cambiar nada, sólo intercambiar las sillas de un sistema que convierte a los candidatos, desde el momento de su elección, en una especie de intermediarios con el poder de verdad, con derecho a enriquecerse, a ignorar informes, levantar reparos y cambiar constituciones: Nuevos virreyes en el lugar de representantes ciudadanos.

1.5 – Un sistema tan ineficiente, con una legislación tan compleja, contradictoria y llena de excepciones, con una administración tan opaca y desprovista de controles, tan distante y anticuada, que se podría llegar a pensar que es un compendio de incompetencias, pero no es así: es tan sólo resultado de un largo proceso de expolio, burocratización y degradación de lo público, de la continuada hegemonía de las ideas neoliberales y del dogmatismo de quienes piensan que todo debe estar sometido a la “iniciativa privada”, al enriquecimiento de unos pocos y a la ley del más fuerte.

1.6 – Además, ya no se puede ignorar que la pata oculta del sistema ha sido la corrupción generalizada. Y han tenido que ser la justicia y el amarillismo de los telediarios los encargados de demostrar que el modelo constitucional del 78 y nuestra modélica transición, ocultaban un alto grado de corrupción institucional, necesaria para que los “partidos de gobierno” se pudieran mantener en el poder, legislatura tras legislatura, inmersos en las más vergonzantes ilegalidades.

1.7 – Las leyes electorales injustas, la compraventa de voluntades políticas, el transfuguismo y la financiación ilegal de los partidos han sido las constantes del modelo político de la Transición. Un modelo agotado e inservible que necesita ser sustituido por otro más participativo y democrático, en el que los intereses de la gente y la transparencia ocupen un lugar central, donde los impuestos nunca puedan ser destinados a financiar a los bancos, ni las necesidades vitales de los más débiles puedan ser objeto de beneficios especulativos.

1.8 – Y es por eso que somos socialistas -la antítesis de lo neoliberal- porque estamos convencidos de que la justicia social es una fuente de riqueza colectiva y de que una sociedad donde la sanidad funciona, con una ciudadanía formada, que ve resueltos sus problemas vitales por una administración eficaz, es una sociedad más útil para el desarrollo individual de cada ciudadano.

1.9 – Pero el prestigio de la política y quienes la ejercemos ha quedado seriamente dañado. Se ha producido una lógica desmoralización en los demócratas y una tal desafección y desconfianza de los ciudadanos hacia la política que en las próximas elecciones pueden producirse récords de abstención en aquellos lugares donde no exista una alternativa real a los partidos del sistema. Y este es un escenario que teóricamente debería favorecernos, porque llevamos años denunciando tanto la corrupción como el inviable modelo de desarrollo que nos ha traído hasta aquí.

1.10 – Hoy no es suficiente con enunciar un programa abiertamente socialista y democrático para convencer a la gente, porque convirtiendo todo en engaño, han conseguido hacer olvidar que el conflicto es el reparto de la tarta social. Y por eso debemos seguir impulsando las políticas de regeneración democrática que siempre hemos defendido:

• 1.10.a – Necesitamos recomponer el contrato social, en un nuevo pacto constitucional que a ser posible, tras un amplio debate ciudadano para ponernos de acuerdo, abra el proceso constituyente de una República Federal. Sin prisas, pausas, ni radicalismos, hay que repensar el marco legal de nuestra convivencia porque el deterioro democrático que sufrimos es intolerable.
• 1.10.b – Revisión completa de todo nuestro ordenamiento jurídico, por los mismos motivos y para simplificarlo todo y acercarlo a los métodos administrativos del Siglo XXI. La justicia debe abordar una profunda reforma que la modernice porque resulta desmoralizador, acudir a un juzgado y tener que ver las mesas de trabajo sumergidas bajo tongas de expedientes, ordenados con lacitos rojos y azules, todo inspirado en el Siglo XIX.
• 1.10.c – Alcanzar el máximo grado de transparencia en las administraciones que permitan las tecnologías, entendiendo que es un derecho pagado con los impuestos. Llevar a Internet todo lo susceptible de albergar espacios de corrupción o información privilegiada: subvenciones, contratos, concursos, ofertas, plazas, subastas, becas, premios, concesiones,…. Es información pública que debe ser accesible a todos, para garantizar que los corruptos nunca más vuelvan a sentirse impunes.
• 1.10.d – Posibilidad de revocar cargos electos, limitación de mandatos y sueldos, eliminar cualquier tipo de aforamiento, inhabilitación de imputados y condenados por corrupción. Todo lo posible para que quienes nos representen sea gente normal, con los mismos derechos y obligaciones que los demás. Sólo, que les pagamos para que nos representen y podemos mandarlos al paro cuando lo hagan mal.
• 1.10.e – Limitación de los gastos de campaña, controles exhaustivos en la contabilidad y tutela judicial de la democracia interna de los partidos, porque la Constitución asigna a los partidos la tarea de ser instrumento fundamental para la participación política,…, siendo libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley,… y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Y nada de esto ha sido así bajo el régimen del 78.
• 1.10.f – Obligatoriedad de debatir las ILP en los distintos Parlamentos, porque resulta indecente que tras la enorme recogida de firmas requerida para poder ejercer la participación ciudadana, los partidos del sistema puedan abortar esos debates en un evidente fraude de ley.
• 1.10.g – Los presupuestos participativos constituyen una necesidad económica. Hay un sinfín de necesidades reales de los ciudadanos que no necesitan ser interpretadas por los políticos y no se abordan, mientras podemos observar una geografía plagada de grandes inversiones que sólo sirven para engordar la corrupción.
• 1.10.h – El laicismo, es una tarea pendiente de nuestra democracia y la memoria histórica debe ser llevada a la Constitución.
• 1.10.i – Eliminar todo tipo de barreras electorales y la ley d’Hont.

1.11 – Estos son algunos de los aspectos a legislar con urgencia si queremos producir un cambio en el sistema; aunque debemos ser conscientes de nuestra propia dimensión y de que estas políticas quedan fuera de nuestro ámbito local y autonómico; aunque son temas en los que no podemos callar, porque constituyen el espacio político que siempre hemos transitado y no debemos abandonarlo ahora que se ha iniciado el debate en la sociedad; al contrario, sólo podemos marcarnos como objetivo ocupar, agrandar y hegemonizar en lo local, esos espacios políticos de la regeneración democrática.

1.12 – Por eso necesitamos construir una política de alianzas amplia, estable y duradera, porque tenemos la obligación de aportar a la construcción de mayorías sociales capaces de abordar con éxito el cambio del sistema, para no perder ni un ápice del impulso político que localmente podamos recoger. Y porque será en 2015 cuando nos juguemos la posibilidad de abordar estas políticas de regeneración democrática, con una nueva representación parlamentaria apoyada en una nueva mayoría de cambio que no tenga miedos a la democracia.